Manuel Rodríguez Becerra

La COP16 en Cali siempre será recordada como un legado del gobierno del presidente Petro, a cuyo éxito contribuyeron la alcaldía de la ciudad y la gobernación del Valle, así como miles de organizaciones y de personas. Se constituyó, sin duda, en la mayor campaña de educación ambiental en la historia de Colombia, lo que está teniendo efectos muy positivos en las actividades de diversas instituciones públicas y privadas en pro de la protección de la gran riqueza en biodiversidad del país.

Aparte de este gran logro, ¿cuál es el balance ambiental de 2024? Para ello hay que recordar que este gobierno se comprometió con un ambicioso programa ambiental en el cual sobresalen la reducción de la deforestación y la restauración de 758.000 hectáreas de los diversos ecosistemas, dando prioridad a los bosques. A finales del año pasado tuvimos la buena noticia de que la deforestación se redujo de 123.000 hectáreas a 79.000 en el período 2022-2023. Sin embargo, el 2024 podría ser el fin de esta tendencia, toda vez que en abril pasado la ministra Susana Muhammad informó que en el primer trimestre se deforestaron aproximadamente 109.000 hectáreas de bosque, superando el total de la deforestación de 2023. Nos faltan los datos de los últimos nueve meses de este año.

Sin duda, la meta de restauración es la más ambiciosa que se haya comprometido un gobierno en varias décadas. Pero no existe la información que nos muestre su avance si bien el ministerio ha indicado que se encuentra en el montaje de los núcleos en los cuales se realizará a partir de programas comunitarios. Seguramente con el fuerte recorte del presupuesto nacional la meta de las 758.000 hectáreas será replanteada, pero si se lograra la mitad, o cosa por el estilo, el legado sería de consideración.

De todas formas, el problema más preocupante en materia de bosques y biodiversidad es el incremento de la pérdida de control por parte del Estado de amplias zonas del territorio nacional como consecuencia del poco éxito alcanzado con el proceso de la ‘paz total’. La integridad de los parques nacionales, de los resguardos indígenas y de las propiedades colectivas de las comunidades indígenas se encuentran amenazadas en varias áreas del territorio, como se tipifica en los casos de la Amazonía y del Pacífico. Además, se ha incrementado la minería ilegal del oro en diferentes regiones del país, como consecuencia de que su precio internacional sea uno de los más altos registrados en la historia. Los daños ambientales causados son enormes.

En los programas de adaptación y de atención de desastres frente a los eventos climáticos extremos se presentan un enorme atraso y grandes vacíos en su atención. No es de extrañar cuando hoy sabemos que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres desvió gran parte de su trabajo y sus recursos en una maraña de corrupción que aún no se termina de investigar.

El año está terminando con un horizonte incierto en materia de la política ambiental como consecuencia del proyecto de ley sobre Jurisdicción Agraria, que tiene mensaje de urgencia. En caso de que las plenarias del Congreso digan sí al texto aprobado por las comisiones primeras de Senado y Cámara, se produciría un enorme retroceso en la política y legislación ambiental. Quienes firmamos una carta abierta sobre el proyecto, reconocemos la necesidad de la existencia de una jurisdicción que resuelva los conflictos históricos sobre la tenencia de la tierra, pero al mismo tiempo señalamos el hecho de que se esté desconociendo, en mucho, la Constitución Ecológica, el Código de Recursos Naturales, la conformación del Sistema Nacional Ambiental y las obligaciones adquiridas por Colombia en las convenciones de biodiversidad y de cambio climático. En el proceso de aprobación en las comisiones primeras de Senado y Cámara se resolvieron algunos de los problemas identificados, pero persisten muchos de gravedad. De alguna manera, el futuro ambiental de Colombia está en juego.