Manuel Rodríguez Becerra

Sobrepasar un incremento de 1,5 °C en el promedio de la temperatura superficial de la Tierra, en relación con el período preindustrial, coloca a la humanidad en una zona de alto riesgo. Hoy sabemos que es un futuro inevitable como resultado de la lentitud con que se tomaron las medidas acordadas en el marco la Convención de Cambio Climático hace más de 30 años. Colombia, que ha contribuido mínimamente a detonar el cambio climático de origen humano, debe colaborar en la solución de esta amenaza en forma proporcional a la responsabilidad que le cabe en términos de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) desde su territorio –que ascienden apenas a 0,57 % del total mundial–, y de conformidad con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París firmado en 2015, cuya implementación mundial está lejos de cumplir con las metas trazadas. En últimas, la disminución radical de la emisión de GEI, lo que se conoce como mitigación del cambio climático, está en manos de un conjunto de diez países que emiten hoy cerca del 68 % de los GEI. China, Estados Unidos e India contribuyen con el 42,6 % de las emisiones totales, mientras que los 100 países inferiores solo representan el 2,9 % (WRI, marzo de 2023).

En contraste, lo que sí está en nuestras manos es tomar todas las medidas requeridas con miras a adaptar nuestro territorio para enfrentar y hacer menores los impactos del cambio climático que ya están con nosotros, y que con los años se van a agudizar: sequías extremas, estaciones de lluvias más agudas y prolongadas y lluvias torrenciales –que están trayendo consigo inundaciones sin antecedentes en nuestra historia–, derretimiento de los glaciares, pérdida de una significativa área de los páramos, y subida del nivel del mar.

Muchas de las medidas de adaptación convergen con las de mitigación. Por ejemplo, la restauración de los bosques contribuye simultáneamente a la mitigación del cambio climático –mediante la captura de CO2 por el sustantivo incremento de la biomasa–, al tiempo que genera unos ecosistemas más resilientes al cambio climático al proteger los suelos –con lo que se disminuye la posibilidad de deslizamiento en las zona empinadas–; al proteger las cuencas hidrográficas –crítico para la estabilización de la oferta de agua dulce–; y al robustecer la biodiversidad, entre otras.

Existen cientos de medidas de adaptación dependiendo de los posibles impactos de que se trate y que van desde la restauración masiva de ecosistemas, pasando por la reubicación de asentamientos humanos ubicados en zonas de alto riesgo, hasta la construcción de vías más resistentes a los deslizamientos, y el desarrollo de técnicas agrícolas que hagan los cultivos más resistentes a las sequías e inundaciones extremas.

La alta prioridad a la adaptación al cambio climático en la agenda pública la dicta el hecho de que Colombia se ubica entre los países con alta vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, como se indica en un informe del Banco Mundial sobre nuestro país (WB, 2021). En un informe del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Colombia hace parte de los once países del mundo más vulnerables. A su vez, en un informe de Swiss Re Institute (2021), la economía de Colombia ocupa el séptimo lugar –entre 48 países– en relación con su vulnerabilidad ante los efectos adversos del cambio climático.

Colombia viene tomando algunas medidas de adaptación desde hace más de una década, a raíz de los graves costos sociales y económicos producto de las inundaciones de 2010-11, un evento atribuido por la ciencia al cambio climático. Ya pronto se iniciarán las obras del canal del Dique y están en estudio las medidas que se deberán tomar en el caso de La Mojana. El Plan Nacional de Desarrollo le da importancia a la adaptación, pero no la suficiente. La tarea es enorme, requiere multimillonarias inversiones, está llena de incertidumbres y fijar el orden de prioridades no es tarea fácil.