Manuel Rodríguez Becerra

Las políticas para cumplir con los compromisos adquiridos en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París sobre cambio climático son temas que todos los jefes de Estado han incluido en sus discursos ante la Asamblea anual de las Naciones Unidas, desde su firma en 2015. El presidente Iván Duque dedicó una gran parte de su intervención (el 33 %) a diferentes temas ambientales críticos para el país, mas no hizo mención de los ODS.

Este hecho llama la atención, puesto que los ODS son un acuerdo global en cuya construcción Colombia jugó un papel decisivo, como lo reconocen Jeffrey Sachs y muchos otros expertos. El Centro de los ODS para América Latina y el Caribe, de la Universidad de los Andes, a partir de un índice de monitoreo evidenció recientemente que el cumplimiento de los 17 Objetivos por 24 países de la región está lejos de lo esperado, después de cinco años de adoptada la Agenda 2030. El informe subraya que “Chile, Uruguay y Costa Rica presentan los mejores resultados frente a la consecución de los ODS y, sin embargo, presentan brechas importantes por superar”. Colombia ocupa el puesto noveno en el ‘ranking’, que no es propiamente un lugar distinguido.

En contraste, el Presidente afirmó con fuerza la necesidad de proteger los páramos e invitó a que se acompañara a Colombia en una Estrategia Global para la Defensa de los Páramos, que de concretarse sería una gran innovación en pro de su protección. Para ser consistentes con esta postura a nivel global, y dar el ejemplo, el Gobierno debería comenzar por no conceder la licencia ambiental para la explotación de oro en Soto Norte, que se ubica en inmediaciones del páramo de Santurbán, y de esa forma atender el clamor nacional en contra de este proyecto.

Hay diversas razones para no aprobar el proyecto aurífero de Santurbán. Menciono dos. De una parte, el páramo, los bosques altoandino y de niebla, conjuntamente con los acuíferos, conforman un continuo de ecosistemas críticos para la protección del ciclo del agua que surte a Bucaramanga y otras poblaciones y que este proyecto minero pondría en alto riesgo.

De otra parte, el proceso de otorgamiento de la licencia se está adelantando sin tomar en consideración los impactos a perpetuidad, siendo el más grave los drenajes ácidos, cuyo potencial parece ser muy alto en estos yacimientos de oro santandereanos. Estos drenajes los manejan las empresas mientras se gestiona la explotación, pero una vez cerrada se pueden producir por decenas, e incluso cientos, de años, lo que genera una contaminación tóxica de las aguas superficiales y subterráneas.

La Anla ha explicado que estos impactos a perpetuidad no se incluyen en la evaluación ambiental por no existir una normativa en la materia. Si se incluyeran, seguramente muchos proyectos no se podrían justificar. Así, pues, que las mineras del oro, y otros minerales, no solo entregan al país una retribución económica inadecuada, como lo ha demostrado hasta la saciedad y con rigor el economista Guillermo Rudas, a partir de la información de la Dian, sino que pueden abandonar las minas dejando pasivos ambientales, muchas veces de enorme magnitud, a cargo del erario.

El Presidente se refirió también a la notable política en materia de energías limpias; a la lucha contra la deforestación, el principal problema ambiental de Colombia, y a la urgente protección de la Amazonia. Es cierto que su gobierno ha hecho esfuerzos para detener la deforestación, pero se requiere mucha más ambición. Señaló, además, que está a la espera de la aprobación, por el Congreso de la República, del Acuerdo de Escazú.

No espere tanto, señor Presidente, ponga todo su empeño político porque nuestro país registra un gran atraso en materia de la participación, transparencia y justicia ambiental, una realidad muy distinta a la pintada por los gremios y algunos parlamentarios de su propio partido.