Manuel Rodríguez Becerra

Más de 700 personas participaron, entre el 18 y el 19 de julio pasado, en la fructífera Cumbre Ambiental, que tuvo como sedes la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad Central. Fue una cumbre memorable del ambientalismo colombiano cuya magnífica convocatoria y realización debemos a Carlos Fonseca y sus colaboradores.

Pero cuando hablamos del ambientalismo, ¿a qué nos referimos? En Colombia, como en la mayor parte del mundo, este surgió hace cerca de 50 años, y desde su origen han existido muchos ambientalismos con diversas raíces políticas e ideológicas, como también se hizo patente en la cumbre. Pero a todos los ambientalismos, y a todos los ambientalistas, nos une un denominador común: en primer término, una ética por el cuidado de la Tierra, que en su práctica intenta corregir las formas destructivas de la acción humana sobre la naturaleza, y, en segundo término, el reconocimiento de que la naturaleza impone unos límites al desarrollo social y económico, un hecho que está soportado por los cientos de miles de estudios y hallazgos de las ciencias de la Tierra. Precisamente, haber transgredido el límite de la carga de gases de efecto invernadero en la atmósfera ha llevado a la crisis climática. Y la transgresión de los límites de la biósfera significa que más de un millón de especies terrestres y marinas se encuentran hoy amenazadas de extinción. Son fenómenos de origen humano, interconectados con diferentes problemas socioambientales, entre otros: el creciente empobrecimiento de los suelos, la deforestación del bosque tropical, el aumento de la escasez de agua en diferentes regiones del mundo; la contaminación del aire, causa de la muerte de más de 7 millones de personas al año; los insostenibles patrones de producción y consumo, y los disfuncionales procesos de desarrollo de las ciudades en relación con el cuidado de nuestra casa común. Todos estos y otros problemas socioambientales fueron materia de 70 mesas de trabajo centradas en la realidad de Colombia, con la necesaria e ineludible referencia a los problemas globales que inciden en el devenir del país y en cuya generación tiene diversos tipos de responsabilidad.

Se subraya la participación de cientos de representantes de diversas organizaciones de base procedentes de los más diversos rincones del país, desde las que defienden el derecho a definir el destino de sus territorios hasta aquellas que propenden a la compensación de las víctimas de proyectos de desarrollo como Hidroituango, pasando por las que mediante acciones jurídicas concretas lograron que las cortes Constitucional y Suprema de Justicia declararan la naturaleza sujeto de derechos (los casos de la región amazónica, y los ríos Atrato y Cauca, entre otros). El robusto crecimiento del ambientalismo popular, así como el surgimiento de múltiples organizaciones dinamizadas por jóvenes, es un hecho de enorme importancia que, poco entendido por la dirigencia asentada en Bogotá, está llamado a tener positivas repercusiones para el futuro del país. Se trata de la construcción del ambientalismo del siglo XXI, del nuevo ambientalismo.

A su vez, en las 16 conferencias magistrales de la cumbre se evidenció el avance del pensamiento ambiental, así como las nuevas tendencias del ejercicio de la política en las regiones para la defensa del medioambiente. Los gobernadores de Boyacá y Nariño, Carlos Andrés Amaya y Camilo Ernesto Romero, respectivamente, demostraron cómo desde los departamentos es posible adelantar políticas y acciones concretas mucho más avanzadas que las del Gobierno Nacional. O, en otras palabras, estos gobernadores señalaron que es posible construir la voluntad política requerida para enfrentar con contundencia los problemas socioambientales que nos están desbordando como consecuencia de la débil respuesta pública de los líderes de los sectores público y privado del nivel nacional.