Manuel Rodríguez Becerra

“Uno de los cambios trascendentales de la política de defensa y seguridad es calificar el agua, la biodiversidad y el medioambiente como el interés nacional principal y prevalente y, por lo tanto, se convierte en un asunto de seguridad nacional su protección y preservación frente a intereses foráneos y a la acción depredatoria del narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la deforestación”. Así se afirma en esta nueva política –lanzada por el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, el pasado miércoles 6 de febrero–, que, de convertirse en realidad, podría ser el comienzo del fin de la galopante destrucción y degradación de la naturaleza que hoy sufre el país.

A quienes les parezca extraña la inclusión del tema ambiental como punto prioritario en la política de defensa y seguridad nacional, es necesario subrayarles que lo que está ocurriendo atenta contra la soberanía nacional, la integridad de recursos críticos para el progreso del país, y, lo más importante, contra los soportes mismos de la vida y el bienestar de los colombianos.

Y es que, como se establece: “El primer pilar de la política de defensa y seguridad es el reconocimiento del agua, biodiversidad y medioambiente como activos estratégicos de la nación. Este reconocimiento se hace necesario en un contexto global en donde se prevén eventuales conflictos por el acceso y control de estos recursos, de los que Colombia goza de innumerables fuentes”. Para comenzar, la aterradora expansión de los cultivos ilícitos, arraigada en la demanda global y mafias internacionales –que genera daños inconmensurables en todos los órdenes de la sociedad colombiana–, es uno de los detonantes de la deforestación, en territorios que se disputan los más variados grupos armados ilegales. Algunos grupos, que incluyen la participación de organizaciones ilegales extranjeras, controlan zonas en las fronteras internacionales del país, donde al saquear el oro y los minerales raros, como el coltán (base de la industria electrónica de punta), dejan un paisaje de desolación y destrucción ambiental.

Pero, como desde la Alianza Nacional contra la Deforestación se ha venido denunciando, la desaparición de valiosos bosques no es solo el producto de la minería ilegal y los cultivos ilícitos. Así, por ejemplo, la tala y quema de amplias áreas de selva continua en la Amazonia para establecer fincas de ganadería extensiva (en un país donde existe un exceso de tierras abiertas para esta actividad) es el producto de la acción de empresarios que a partir de grandes inversiones están destruyendo parte del patrimonio nacional con una clara violación de la ley. Y, como lo he reiterado, el único nombre que les cabe es el de empresariado criminal, y de él forman también parte funcionarios del Estado y políticos que se han transformado en patéticos líderes de la inseguridad ambiental.

Tal como se plantea en la política de defensa y seguridad, la recuperación de los territorios requiere como condición fundamental y necesaria, pero no suficiente, la intervención de la Fuerzas Armadas. Y por eso “establece intervenciones que permitan pasar de un control netamente militar a un control institucional del territorio”. Que en plata blanca significa una acción continua, coordinada y permanente de la Fiscalía, la Procuraduría, los ministerios de Defensa, Ambiente, Agricultura, Minas, Salud, etc., y naturalmente, de las entidades territoriales. Y exige una activa participación de la ciudadanía local y regional para llegar a acuerdos sobre las posibles vías para alcanzar su prosperidad y bienestar, que, evidentemente, no es a partir ni de la deforestación, ni de la minería ilegal, ni de la palma de aceite ni de la ganadería extensiva. Comencemos por entender que estos territorios, en virtud de su conformación natural, tienen un destino diferente.