Manuel Rodríguez Becerra

Destruyendo país. Así deberíamos calificar la intervención del gobernador del Guaviare, Nebio de Jesús Echeverry, en el taller Construyendo País presidido por el presidente Iván Duque el pasado 15 de diciembre. Entre otros, el gobernador solicitó al Presidente incentivos para la expansión de la ganadería y del cultivo de palma de aceite, así como la construcción de nuevas vías para facilitar estas actividades, es decir, un kit completo para incrementar la destrucción de la rica selva amazónica. No es nada distinto a lo que el gobernador ha propiciado en esa región del país, durante esta y su pasada administración.

¿Se requiere abrir más tierra para la ganadería en el Guaviare y, en general, en Colombia? La respuesta es un no contundente. Según Fedegán, en el país existen al menos 12 millones de hectáreas en exceso de tierras dedicadas a la ganadería, y la carga de 0,6 cabezas por hectárea (inaceptablemente baja en términos del uso de los suelos) deberá incrementarse –mediante sistemas más amigables con el medioambiente y que aseguren una más alta productividad, como son los silvopastoriles intensivos–, lo cual permitirá además la liberación de tierras para nuevos cultivos agrícolas o la reforestación. ¿Se debe talar el bosque natural en el Guaviare y, en general, en el país para dedicar sus suelos al cultivo de palma de aceite? La respuesta es otro no contundente. El gremio de los palmicultores, Fedepalma, rechaza la deforestación por los graves costos ambientales que conlleva para el país, un estándar que, además, adoptó recientemente The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), el organismo de certificación que es líder mundial en palma de origen ético.

Pero el rechazo a la deforestación, en todo el país, que en 2018 habría ascendido a 270.000 hectáreas, va mucho más allá de consideraciones como las dos anteriores. Está en línea con la meta fijada por Colombia de llegar a una deforestación cero como estrategia fundamental para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 por ciento hacia el año 2030, de conformidad con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Está también en línea con los compromisos internacionales del país para disminuir el declive de la biodiversidad. Y, sobre todo, está en línea con la necesidad de proteger y simultáneamente utilizar esa enorme riqueza mediante alternativas que propicien el desarrollo del país y el bienestar de los habitantes de la región (ej., el aprovechamiento sostenible de sus productos, el ecoturismo, el desarrollo de una industria biotecnológica).

La destrucción de la selva natural es especialmente grave en la Amazonia y el Pacífico. En la Amazonia no es un problema exclusivo del Guaviare, pues también se ha incrementado en otros lugares de la región, en particular en Caquetá y en el área especial de la Macarena. Como Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), lo ha diagnosticado a partir de amplios estudios, la deforestación masiva en la Amazonia es adelantada hoy por una heterogénea mezcla de grupos compuesta por empresarios tradicionales, empleados públicos, ‘bacrim’, disidencias de las Farc, etc., a partir de grandes inversiones económicas con miras, principalmente, a la actividad ganadera extensiva y la especulación de tierras.

Es lo que en mi pasada columna denominé empresariado criminal, puesto que en clara violación de la Constitución y la ley se está aniquilando, en forma irreversible, la mayor riqueza ambiental de Colombia, su biodiversidad. Por eso, como condición necesaria para dirigir la Amazonia hacia un tipo de desarrollo que no requiera la destrucción de su selva (es decir, para estar en línea con el desiderátum presidencial de Construyendo País), es imperativa una acción contundente y permanente en contra de la actividad de estos grupos que asegure el control del Estado en la región. No da mucha espera.