Manuel Rodríguez Becerra

La utilización de los instrumentos económicos para la gestión ambiental (tasas por uso de los recursos, incentivos para su protección y aprovechamiento sostenible, etc.) han tenido muy poco éxito en Latinoamérica. En contraste, muchos de los instrumentos económicos utilizados intensamente en diversos sectores de actividad (vgr.: los subsidios a los fertilizantes, incentivos para la apertura de la frontera agrícola, etc.) han demostrado una gran efectividad en propiciar la destrucción o deterioro de valiosos recursos naturales renovables. Así, pues, los ministros del Medio Ambiente tendrán que dedicar más sus energías a convencer a sus colegas de Hacienda, Agricultura, etc., sobre la necesidad de eliminar los instrumentos económicos que han demostrado una gran perversidad ambiental y menos a insistir en el rediseño de los fracasados instrumentos tradicionales aunque se reconoce el gran potencial de algunos de ellos, si se aplican en forma selectiva (vgr.: las tasas de uso de aguas o las retributivas). Esas son algunas de las conclusiones que extrajimos de la conferencia organizada por la Cepal, con los auspicios del PNUMA y del Gobierno de México, que tuvo lugar en Oaxtepec, entre el 18 y el 20 de julio pasado. En ella, más de 50 expertos gubernamentales y no gubernamentales, analizaron 12 trabajos de investigación, ordenados por la Cepal, sobre los instrumentos fiscales y no fiscales para la gestión ambiental en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, República Dominicana, y los países centroamericanos -Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá-. Por Colombia asistimos Julio Carrizosa Umaña, Eduardo Uribe Botero y el autor de esta columna, quienes tuvimos la responsabilidad de elaborar el estudio del caso sobre nuestro país, así como Alberto Galán Sarmiento, Jefe de la Unidad de Política Ambiental del Departamento Nacional de Planeación.

Instrumentos fracasados

Las tasas de aprovechamiento de los recursos naturales renovables -bosques, aguas, pesca, etc.-, y las retributivas por emisiones a la atmósfera y vertimientos de contaminantes a las aguas y a los suelos -dentro de los límites que son permisibles por la ley- tienen en muchos países de Latinoamérica una larga tradición como instrumentos económicos para la gestión ambiental. Estas tasas, cuya aplicación muestra tan fructíferos resultados en los países desarrollados, registran en Latinoamérica muy pobres resultados, ya que no han servido ni para racionalizar el uso de los recursos, ni para reducir la contaminación en el grado requerido, ni para recaudar recursos sustantivos para la protección ambiental, recaudos que en muchas ocasiones ni siquiera han llegado a cubrir los costos de la administración de las tasas. En el pasado número de la revista ESTRATEGIA nos referimos ampliamente al caso de Colombia, cuyo desempeño en esta materia corresponde al mismo patrón identificado en la conferencia de Oaxtepec. Las causas del fracaso se repiten de país a país, entre las cuales se mencionan: debilidad de las instituciones públicas encargadas de la gestión ambiental, la gran propensión de los latinoamericanos a evadir el pago de cualquier contribución estatal, y la generalizada subvaloración de las tasas, como reflejo de la presión de los usuarios a fijarlas en el piso mínimo. Este último hecho ha conducido incluso al desperdicio de los recursos, ya que las tasas han sido con frecuencia tan bajas que no afectan en forma significativa los costos incurridos por los empresarios y, han incentivado la sobre-explotación de las especies de flora y fauna más valiosas y escasas, como consecuencia de que muchas veces las tasas no reflejen la diferencia del valor entre estas especies y las que son abundantes. Una de las causas del fracaso que más atención mereció en el curso de las discusiones, es el de la corrupción de los funcionarios. Este hecho se propicia en el caso del cobro de las tasas por el hecho de estar estrechamente vinculados con los denominados instrumentos de comando y control, como por ejemplo: identificación de los bosques naturales y de las especies y los individuos susceptibles de aprovechamiento forestal y la medición del volumen de la madera extraída, determinación del volumen de agua utilizada o de las concentraciones de contaminantes depositados en las aguas o en la atmósfera.

Instrumentos perversos

Gran consenso se dio en torno a la variedad de políticas e instrumentos económicos que han propiciado la destrucción de valiosos recursos naturales renovables, en diferentes sectores de actividad. Mencionemos, a guisa de ejemplo, la agricultura en relación con los subsidios al uso del agua, a los fertilizantes y a la maquinaria agrícola. En los dos últimos casos ello genera su sobre-uso que conduce a la acidificación y a la compactación de los suelos, respectivamente. No es entonces extraño que Venezuela, con uno de los subsidios más altos a este insumo, sea uno de los países que más intensamente lo utilice por hectárea cultivada. A su vez los subsidios al agua, en particular en los distritos de riego, han conducido en muchos casos a su uso en exceso, con la consecuente salinización de los suelos. A similitud del caso de la agricultura se podrían traer a cuento instrumentos económicos dirigidos a fomentar otros sectores de actividad, como el transporte y la industria, que han sido altamente perjudiciales para el medio ambiente.

Pero quizá las políticas e instrumentos económicos más perversos en materia ambiental se ubiquen en el campo de la tenencia de la tierra. Se mencionan, entre ellos, los dife-rentes sistemas de adjudicación de tierras públicas, o baldíos, a particulares, que por décadas incluyó la condición, aplicada a rajatabla en Colombia, de limpiar el predio de bosques como requisito para su adjudicación. Y que con frecuencia estuvo acompañado por otros alicientes como el crédito subsidiado. La construcción de infraestructura y la asistencia técnica, estrategias utilizadas en la apertura de la frontera agropecuaria en el Caquetá, que destruyó un bosque amazónico de gran valor, a cambio de unas tierras con baja rentabilidad económica y social. Se podrían traer a colación muchos otros ejemplos de alicientes económicos para la apertura, como el caso del Brasil que estableció créditos hasta por un valor equivalente al 50% del pago del impuesto de la renta para dedicarlos a la apertura de tierras amazónicas. Sistema que fue eliminado y que por fortuna no tuvo el éxito registrado en los libros de la tesorería de ese país; sólo el 17% de los recursos se destinaron a tal fin, desviándose el 83% a otros usos. O un caso en que la corrupción fue funcional para la conservación de la selva tropical.

En general, el mayor aliciente para la incesante apertura de la frontera agropecuaria en Latinoamérica y, la consecuente destrucción de los bosques naturales, se vincula con la posibilidad de acumular tierras en espera de valorización, lo cual fomenta la expansión de propiedades de muy baja productividad, o del todo improductivas. Pero, como es obvio, este sistema predominante de tenencia de la tierra no solamente genera un problema ambiental de enormes magnitudes, sino que constituye uno de los mayores obstáculos para superar los conflictos sociales y el sub-desarrollo en Latinoamérica. Por eso, en la conferencia de Oaxtepec, se indicó la necesidad de imponer tributos a la tierra, ya sea en la forma de un impuesto sobre la renta presuntiva, o de un impuesto catastral en proporción a su valor comercial, con el fin de que se incremente en forma sustancial su productividad. Así, el ahorro que hoy se dedica a la apertura y consolidación de tierras ociosas, o cerca de serlo, se canalizaría a trabajar en forma más eficiente las tierras abiertas e incultas. Además, las tierras así gravadas adquirirían un valor acorde con su productividad y, perderían el valor que tienen como factor de acumulación de patrimonio. Todo ello tendría, a la vez, significativos beneficios económicos, sociales, y ambientales. En el caso de Colombia muchos expertos se han referido a la alta prioridad que tiene para el país adoptar tal política. El reciente artículo de Hernán Echavarría «El Imperativo es Gravar la Tierra», es una buena lección sobre la materia, para doctos y profanos. Bien puede afirmarse que mientras mantengamos el statu quo, la devastación anual de 180.000 hectáreas de bosques naturales -para expandir una frontera agropecuaria que no se necesita-, seguirá su marcha independientemente de las buenas intenciones del ministerio del Medio Ambiente, las corporaciones regionales, los saltos sociales y los policías forestales.

Instrumentos exitosos

El incentivo para la plantación de bosques en Chile fue materia de un amplio análisis. Se considera un mecanismo altamente exitoso como impulsor del desarrollo forestal para maderas de uso industrial de este país (se plantaron en 20 años 1.200.000 hectáreas), aunque se reconoce que desde el punto de vista ecológico ha tenido tantos efectos positivos como negativos. Además, se contrasta con el menor éxito alcanzado por Argentina y Costa Rica con instrumentos y propósitos similares. Son lecciones que deben examinarse cuidadosamente en el caso de Colombia, ahora que contamos con el Certificado de Incentivo Forestal, cuya ley se expidió hace más de un año, y el ministerio de Agricultura se propone ponerlo en marcha. Pero es tema que por su relevancia para Colombia, un país con urgencia de una reforestación gigante, bien merece una futura columna.

Otro instrumento exitoso, el intercambio de deuda por medio ambiente, mediante Swaps o condonaciones, ha permitido a Costa Rica y Ecuador obtener sustantivos recursos para la gestión ambiental. En Colombia, a similitud de otros países, se realizaron operaciones de intercambio de deuda por medio ambiente -en la modalidad de condonación- en el marco de la Iniciativa de las Américas y de un programa del gobierno canadiense.

En la reunión de la Cepal se singularizaron los instrumentos económicos que Colombia ha diseñado y puesto en marcha para producir rentas para la gestión ambiental. En par-ticular el porcentaje al gravamen a la propiedad inmueble, destinado a las corporaciones autónomas regionales; las transferencias del sector eléctrico o aquellas corporaciones y municipios donde se ubican las hidroeléctricas y termoeléctricas, para invertirlas, en el caso de aquellas, en la protección de las cuencas hidrográficas asociadas y en el caso de éstas en diversas obras de protección ambiental, y la destinación de cerca del 30% del Fondo de Regalías a obras prioritarias de restauración y conservación ambiental de las entidades territoriales. Estos recursos, previstos por la ley de creación del ministerio del Medio Ambiente, ascenderán durante el cuatrenio de Samper a cerca de $500.000 millones de pesos, tal como fue anotado en ESTRATEGIA. Por qué se singularizaron y llamaron tanto la atención en la conferencia de la Cepal? La razón es obvia, de los 15 países presentes en la reunión, Colombia es el único que cuenta con este tipo de mecanismo de generación de rentas propias para el sector ambiental, que por su naturaleza tienen la ventaja de ser ciertos y de fácil recaudación. Y porque en el caso del sector eléctrico internalizan parte de los costos ambientales asociados con la producción de este servicio, y en el de las regalías, constituye una compensación de los deterioros ambientales asociados con la explotación de los recursos naturales no renovables. Por ahora podemos decir que están bien diseñados y son muy promisorios. El éxito del nuevo ministerio del Medio Ambiente y del Sistema Nacional del Ambiente dependerá en muy buena medida del acierto y la eficiencia con que se oriente y se haga el gasto de estos recursos.