Manuel Rodríguez Becerra

Advirtiendo que en su opinión Greystar “está en su derecho de explotar el Proyecto Santurbán” y que esta empresa “está buscando una oportunidad de negocio” como cualquier empresa privada, insiste en que “lo que es condenable es que el Estado, que es el garante de nuestros derechos, haya cometido la aberración de permitir que en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente se hubiera aceptado la consideración de un estudio de impacto ambiental, cuando el Código Minero que se aprobó el año pasado es muy explícito en establecer que aquellas empresas que no tengan licencia ambiental para operar, el hecho de que tengan título minero no les confiere ningún derecho”.

Sus señalamientos apuntan directamente a los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y enfatiza: “No tienen ningún derecho los cientos de títulos mineros que irresponsablemente y en forma inexplicable entregó Ingeominas en diferentes páramos y parques nacionales del país”.

“Mal podía considerar el Ministerio del Medio Ambiente el estudio de impacto ambiental presentado por la Greystar y haberlo recibido siquiera. Entonces seamos claros de dónde están las responsabilidades. No me parece poner en la palestra a los representantes de la Greystar como responsables de una acción en la que muchos de ustedes están en desacuerdo y es que se explote una mina de oro y plata en el Páramo de Santurbán; el gran responsable es el Gobierno Nacional. En concreto, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que fue quien recibió el estudio de impacto ambiental y naturalmente el actual gobierno de Juan Manuel Santos sigue con esa responsabilidad”, declara Rodríguez Becerra.

“No me voy a poner a discutir si es viable o no la extracción minera que se quiere hacer en Santurbán, porque no tiene lógica. No va porque está excluida como explotación en un páramo”, recalca.

Apunta también al debilitamiento profundo que tuvo el Ministerio del Medio Ambiente durante los dos períodos de Uribe Vélez. “Su administración fue una amenaza real para el tema ambiental. El primer gran daño que hizo fue haber fusionado el Ministerio del Medio Ambiente con el de Vivienda”.

Habla de documentos de la Universidad de Oxford y del gobierno de Holanda que demuestran la decadencia y pérdida de capacidad técnica de esa cartera en la ‘Era Uribe’, y abre la puerta de las suspicacias al señalar que en lo que respecta a las licencias ambientales “tienen ocho funcionarios de tiempo completo y 180 contratistas, muy buena parte de los cuales lo único que aspiran en su vida es ir a trabajar a la Greystar o a la Drummond. La mayor parte no tienen ninguna independencia, simultáneamente son contratistas de empresas privadas y no se sabe qué sombrero tienen. Lo que se debe tener son funcionarios de tiempo completo y dedicación excluida que trabajen con el ‘sombrero’ del Estado. Esa Oficina de Licencias Ambientales es lo menos fiable”.

“Hoy en día no se niega ninguna licencia. Como no se niega ninguna licencia, entonces ustedes ya tienen la respuesta de qué es lo que va a pasar con Santurbán”, acota. Apunta también al debilitamiento profundo que tuvo el Ministerio del Medio Ambiente durante los dos períodos de Uribe Vélez. “Su administración fue una amenaza real para el tema ambiental. El primer gran daño que hizo fue haber fusionado el Ministerio del Medio Ambiente con el de Vivienda”.

Rodríguez Becerra suelta otra carga de profundidad: “Cuando uno ve que el gobierno Santos ya tiene dentro de sus cuentas el oro de Santurbán y el oro de La Colosa, que es lo que está en el Plan de Desarrollo, lo que uno concluye es que esas licencias ya están aprobadas, porque  ya están en las proyecciones del Gobierno. Lo único que nos queda es saber que esa licencia es ilegal, porque se va a otorgar después de haber aprobado el Código de Minas, en el cual se excluye la explotación minera de cualquier naturaleza en nuestros páramos… La Ley está demandada ante la Corte Constitucional, pero mientras no diga nada la Corte, seguirá vigente. Ese es el punto fundamental que debemos defender a capa y espada”.

Y hay más. Formula una denuncia grave: “Durante los ocho años del gobierno Uribe, el Ministerio del Medio Ambiente en varios casos tomó decisiones por órdenes de la Casa de Nariño”, y relacionó estos casos: la “perversa” Ley Forestal que estaba dirigida a explotar a gran escala el bosque natural —la cual fue declarada inconstitucional— y “con cierta inspiración paramilitar”; se aprobó el Puerto de Palermo, no obstante que el Invemar —que pertenece al Minambiente— dio un concepto negativo; se aprobó el Puerto de Dibulla a pesar del concepto negativo del Invemar y del Instituto Humboldt; se hizo una resolución aprobando el ingreso al país de ciertos desechos tóxicos; se dio visto bueno a la carretera Pereira-Nuquí —que ningún gobierno había querido aprobar por su impacto dañino en el Pacífico colombiano— “y el mismo presidente Uribe vociferó que se iba a construir la carretera del Tapón del Darién, a la que todos los ministros y directores del Inderena siempre nos opusimos”.

Al referirse a la minería de alta montaña y a cielo abierto, dice que “es pura paja eso de que existe la minería ambientalmente sostenible. No la puede haber, porque la minería es una actividad con un enorme impacto, más aún la de cielo abierto. Si uno va al Cerrejón, que hoy en día se propagandea como una gran mina sostenible, sabe que el 20% de unos huecos que parecen cráteres lunares van a quedar abiertos para siempre y que no es posible retrollenarlos. En general la gran minería en Colombia se ha hecho mal, a excepción del Cerrejón y Cerromatoso, para no hablar de la terrible historia del centro del departamento del Cesar”.

Según el exministro, del 70 al 80% de la producción mundial de oro se destina a la joyería con el propósito de “satisfacer la vanidad de los hombres y las mujeres”, pero él desde que supo que para sacar una onza de este metal hay que remover de 70 a 100 toneladas de material, “le dije a mi esposa: jamás le vuelvo a regalar oro”.

Rodríguez Becerra, quien presidió la comisión investigadora del derrame de 150 kilogramos de mercurio por mal manejo de la sustancia en la mina de Yanacocha (Cajamarca, Perú) —que en su momento fue la más grande del mundo, con 3,8 millones de onzas de oro al año—, dice que la minería de alta montaña y a cielo abierto es crecientemente objeto de una controversia mundial, por lo que se refirió al estudio de once expertos estadounidenses sobre riesgos hídricos, de pérdida de biodiversidad, de alteración del paisaje, de lixiviados ácidos y los asociados a la tecnología propia de la extracción de cada mineral en minas de carbón ya cerradas en los Apalaches, el cual fue publicado hace un año en la revista Science, y que llevó al presidente Barack Obama a ordenar la clausura de la mina de carbón más grande de Estados Unidos porque probaron que seguían con las prácticas que habían generado todos los problemas anteriormente mencionados.

Esos científicos, asevera, le pidieron a Obama no dar más licencias ambientales para minería a cielo abierto en alta montaña en el caso del carbón —que tiene similitudes con el del oro en cuanto al manejo de materiales estériles—, dado el antecedente de esas minas que “dijeron siempre que habían sido divinamente explotadas, con la mejor tecnología, pero que cuando se largaron los mineros quedó un daño irreversible y las restauraciones que prometieron no habían resultado o estaban en declive”.

En cuanto a los riesgos en torno al cianuro, Rodríguez concluye con un sarcasmo: “Obviamente nadie quiere tomar cianuro en vez de Coca Cola”, y sostuvo que debe inquietar el hecho de que el Parlamento Europeo, por una votación de 450 votos contra 90, le haya pedido a la Comisión Europea (CE) la prohibición del cianuro en toda la Unión Europea, así la CE no lo aceptara en primera instancia. “Por bajo que sea un riesgo, no quiere decir que no ocurra un accidente”, sentencia.
Marcha el 25 de febrero
Erwing Rodríguez Salah, director ejecutivo de Fenalco Santander y uno de los pocos dirigentes regionales que se han pronunciado sobre esta controversia de la gran minería en alta montaña, está convocando a la marcha ‘Defendamos el agua de Bucaramanga’, programada para el viernes 25 de febrero, con salida a las 4 de la tarde del Parque del Agua, bajando por la Avenida Quebrada Seca hasta la Carrera 27, para tomar la Calle 36 y finalizar en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán.

El pasado 13 de enero Rodríguez envió una carta al presidente Juan Manuel Santos, en la que le expresó su preocupación por el impacto que tendrá el desarrollo del plan.
Según Rodríguez, el Proyecto Angostura contempla la utilización diaria de 40 toneladas de cianuro sódico y 230 toneladas diarias de anfo, con el que se van a dinamitar 1.075 millones de toneladas de suelo en la primera fase.

El Páramo de Santurbán produce el agua necesaria para 2,2 millones de personas ubicadas en los municipios que conforman las áreas metropolitanas de Bucaramanga, Cúcuta y 20 municipios más, según Corponor.