Manuel Rodríguez Becerra

¿Qué se debe hacer para evitar una tragedia ambiental? El Espectador les preguntó a 10 colombianos sobresaliente qué harían. Estas son sus ideas.

Fue el primer Ministro de Medio Ambiente que tuvo Colombia. Presidente del Foro de Bosques de las Naciones Unidas en 1996-1999 y 2004-2005 y miembro de la Comisión Mundial de Bosques y Desarrollo Sostenible. En 1997 contribuyó a la creación del Foro Nacional Ambiental, una alianza de organizaciones ambientalistas. Su idea: un reajuste de la tasa del uso del agua.

La reciente tragedia invernal hizo evidente el deterioro y destrucción de diversos ecosistemas críticos para la regulación del agua —páramos, bosques protectores de las cuencas hidrográficas y humedales— y el imperativo de restaurarlos.

¿Pero dónde está la plata para financiar esta monumental tarea de largo plazo que debe iniciarse de inmediato? ¿Acaso hay que recurrir a la asignación de recursos de emergencia de las arcas públicas o a la caridad de los cacaos y otros filántropos nacionales o internacionales? Seguramente estos expedientes no sobrarían, pero ante todo debemos recurrir a la implementación plena de viejas ideas consagradas en la ley y no tratar de reinventar la pólvora.

Según un juicioso estudio del economista Guillermo Rudas, un reajuste de la tasa del uso del agua, establecida en el código de los recursos naturales de 1974, pasándola de setenta centavos (que la hace gratis en la práctica) a siete pesos por metro cúbico, produciría $150.000 millones al año. ¿No es, acaso, grotesco que el Acueducto de Bogotá pague a Parques Nacionales la irrisoria suma de 200 millones de pesos al año por el suministro del 80% del agua de la ciudad que procede de Chingaza, unos recursos absolutamente insuficientes para proteger este ecosistema? ¿Por qué diablos hay que regalar el agua a las empresas agroindustriales, permitiendo, así, que no paguen por la protección de los ecosistemas que les proveen el precioso líquido? Pero la tasa de uso no solamente produciría nuevos recursos para la protección de las cuencas, sino que incentivaría a los usuarios a hacer mejor uso del agua.

Si los municipios y departamentos destinaran el 1% de su presupuesto a la protección y restauración de las cuencas que abastecen el agua a los acueductos municipales, tal como lo obliga la ley desde 1993, se producirían recursos adicionales por $500.000 millones al año. En los dieciocho años de vigencia de esa norma, según la Contraloría General, solamente se han destinado a este fin irrenunciable el 16% de los recursos potenciales. ¡Sí que nos han faltado un Contraloría y unos ministerios de Hacienda y del Ambiente que hagan cumplir la ley!

Son dos políticas establecidas de tiempo atrás que se han implementado parcialmente, con el inocultable y escandaloso fin de proteger poderosos intereses. Allí se encuentran $650.000 millones potenciales al año (equivalentes al 40% del presupuesto del Sistema Nacional Ambiental), que si se invierten con eficacia (o no se los roban), podrían contribuir a subsanar los daños que se han perpetrado a nuestro medio ambiente y a hacer el país menos vulnerable a las inevitables y crecientes olas invernales y sequías que el calentamiento global y La Niña-El Niño nos deparan.