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El Parque Tayrona
 

El proyecto de construir un super-hotel en el Parque Natural Nacional Tayrona parece una señal inequívoca de que este gobierno estaría dispuesto a arrollar muchas de las riquezas ambientales y culturales del país, en aras de las locomotoras económicas. Ojalá me equivoque, pues el presidente Juan Manuel Santos, después del rito de su iniciación ambiental y étnica, de manos de los mamos koguis, ha seguido insistiendo en su compromiso con la protección de la biodiversidad y de la diversidad cultural.

Pero no me hago ilusiones mientras soplen vientos tan negativos desde la Casa de Nariño que por Twitter reiteró su positiva emoción con el proyecto. Y es que construir un hotel de siete estrellas en el Tayrona para el goce de los superprivilegiados de este mundo -y que excluye, de tajo, a la casi totalidad de colombianos del disfrute de un bien público- sería el inicio de una política de entregar nuestros parques nacionales a las grandes cadenas hoteleras.

El parque nacional más emblemático del país se está poniendo como mascarón de proa para inaugurar la locomotora turística. ¿O es que, acaso, después de que se apruebe el super-7, Six Senses, en el Tayrona, el Gobierno les va a negar a otros empresarios interesados las licencias para la construcción de hoteles tanto en este parque como en todos aquellos que sean bocatto di cardinale para sus negocios?

Que se haya escogido el parque Tayrona no es extraño, dada su singular riqueza en diversidad biológica y cultural, y su patrimonio arqueológico, así como sus extraordinarias condiciones paisajísticas. Hace 40 años, otra cadena hotelera (también superchévere y superecológica) intentó establecer un complejo hotelero en las bahías del parque, y, a similitud de esta ocasión, contó con la anuencia del Presidente del momento, el doctor Misael Pastrana Borrero, y con el impulso irrestricto de la entonces Empresa Colombiana de Turismo (una agencia del Gobierno) y del Ministerio del Desarrollo, que gestionaron un crédito con el BID para construir la infraestructura que permitiría urbanizar el parque para fines turísticos.

Los pasos de animal grande eran tan grandes que generó un movimiento de multitud de organizaciones y ciudadanos, nacionales e internacionales, en contra del proyecto. La representante liberal Alegría Fonseca detonó un sonado debate de control político en la plenaria del Congreso, que terminó con una votación en su contra. La unidad investigativa de EL TIEMPO, bajo la dirección de Daniel Samper Pizano, demostró sistemáticamente la inconveniencia del proyecto, desde las perspectivas ecológica, social y cultural. Y el Inderena, entonces bajo la dirección de Julio Carrizosa, uno de los pioneros del ambientalismo en Colombia, se opuso con argumentos y con valor a la iniciativa presidencial (¡cómo han cambiado los tiempos!).

Una carta firmada por miles de ciudadanos y organizaciones puso a dudar al presidente Pastrana. Y posteriormente, el presidente Alfonso López lo descartó por completo, sentando una política y una legislación según las cuales con el fin de proteger los parques nacionales estos deben estar excluidos de actividades de explotación económica, incluyendo los complejos hoteleros como el que se intenta ahora promover.

Si esa era la política, durante más de tres décadas, el país requiere una clara explicación sobre cuándo, cómo y por qué se cambió. ¿Cuáles son las normas, o las interpretaciones jurídicas, que permiten al ministro Frank Pearl afirmar, ahora, que el Ministerio del Ambiente está listo a evaluar la solicitud de licencia ambiental para el superhotel, después de que la autoridad ambiental nacional y la Unidad de Parques Nacionales se habían negado sistemáticamente a recibir este tipo de solicitudes, desde la aprobación del Código de Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, en 1974?

Manuel Rodríguez Becerra
Publicada en El Tiempo. 23 de octubre de 2011

 

 

Derechos Reservados de Autor. Manuel Rodríguez Becerra. Bogotá, Colombia.
Ultima actualización agosto 2017
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