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Dividendos ambientales de la paz
 

El ideal de que la paz traiga unos dividendos socioambientales parece muy lejano, si algunas de las políticas sectoriales del gobierno del presidente Santo continúan en su actual rumbo. Y es que, por acción u omisión gubernamental, se están presentando diversas agresiones a la integridad del medioambiente y a la posibilidad de construir la convivencia ciudadana, como se tipifica en los casos de La Macarena y la ciénaga Grande de Santa Marta.

Esta última, uno de los humedales costeros más valiosos de Suramérica, se encuentra afligida por los desafueros de empresas privadas que la siguen dragando, aprovechándose para hacerlo del precario control y la sospechosa tolerancia de las autoridades. En adición, la ciénaga se encuentra hoy amenazada por la construcción de la vía de la Prosperidad –que absurdamente ya se adelanta sin ningún concepto ambiental previo–, y por un diseño mal concebido de la 4G Barranquilla-Santa Marta, con lo que se estarían repitiendo los errores de hace cincuenta años, con los desastres causados. Y hoy, con el actual incremento del deterioro y la destrucción ambiental, se registran un sustancial declive de la pesca y un aumento de la pobreza, con lo que el sueño de la paz se estaría alejando de esta ciénaga, que ha sido escenario de indecibles violencias.

A su vez, La Macarena fue objeto reciente de un gran escándalo público por el otorgamiento de una licencia para adelantar una exploración petrolera que, para muchos, pondría en riesgo diversos valores ambientales, incluyendo Caño Cristales, el gran ícono del Área de Manejo Especial de La Macarena. La Anla y Minambiente intentaron explicar lo inexplicable, y, ante la presión de las redes sociales, la licencia fue revocada. Pero lo que en últimas resulta absurdo es que el Gobierno permita la exploración petrolera en La Macarena. No obstante, la actividad de exploración continuaría mediante otras licencias ya otorgadas o en trámite.

Y es que el Área de Manejo Especial de La Macarena se debería declarar libre de toda actividad minera y petrolera. Proteger los valores ecológicos con que aún cuenta la región, representados en sus cuatro parques nacionales y muchas otras zonas, es de alta prioridad nacional, y ese objetivo no es compatible con la explotación petrolera. ¿Por qué?

La explicación es obvia: todas y cada una de las áreas del país en las cuales se ha concentrado la actividad petrolera registran graves daños ambientales, representados en la deforestación, la contaminación de suelos y acuíferos y la destrucción de humedales, entre otros. Así ha sido no solo en la región en donde se asienta Barrancabermeja o en la región del Catatumbo, con una larga historia, sino también en los casos más recientes del Putumayo, Arauca, Casanare y Meta. Así mismo, en estas áreas la actividad petrolera ha conllevado, con mucha frecuencia, la generación o intensificación de agudos conflictos sociales.

Algunos dirán que ese es el precio que ha tenido que pagar el país para obtener unos recursos económicos para su desarrollo. Pero repetir esta historia en La Macarena sería un precio excesivamente alto y absolutamente injustificado, si de lo que se trata es de construir una paz territorial desde sus comunidades –en una de las regiones del país más azotadas por la guerra–, a partir de la actividad agropecuaria y de la naciente promoción del ecoturismo, y si de lo que se trata es de proteger adecuadamente las áreas protegidas y otros valores ambientales y paisajísticos únicos de la región.

Bien parece que el gobierno del presidente Santos estaría convirtiendo los anunciados dividendos socioambientales de la paz en una quimera, paradójicamente con el aval del Ministerio de Ambiente.

 

Manuel Rodríguez Becerra
Publicada en El Tiempo, 24 de abril de 2016
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Derechos Reservados de Autor. Manuel Rodríguez Becerra. Bogotá, Colombia.
Ultima actualización agosto 2017
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