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Un decenio ambiental gris
 

Tres millones de hectáreas (30.000 kilómetros cuadrados) fueron deforestadas en el período 2000-2009, habiéndose casi triplicado la tasa de deforestación anual en este período en comparación con la década anterior, según el IDEAM. Se trata de una de las expresiones más contundentes del negativo balance de la política ambiental de los dos períodos de gobierno del Presidente Uribe, que prácticamente copó este último decenio.

En contraste, la década de los noventa estuvo signada por la expedición de la Carta Política de 1991, denominada como la Constitución Verde; por la creación del Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental, en 1993, y su consolidación en los nueve años siguientes; por el aumento significativo de las asignaciones presupuestales para la gestión ambiental durante los gobiernos de César Gaviria y Ernesto Samper; y por el proceso de ampliación de los parques nacionales y los resguardos indígenas, y la creación de las propiedades colectivas de las comunidades negras, que había sido impulsado con gran vigor por el Presidente Barco (1986-1990), y que ha llevado a que más del 40% del territorio continental del país se encuentre fuera del comercio, y que constituye una política audaz y única de conservación de las riqueza en biodiversidad y agua del país, y también, como una política de justicia social.

Durante los dos períodos del Presidente Uribe estas políticas entraron en declive : la fusión de los Ministerios del Medio Ambiente y de Desarrollo para crear el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, fracasó; los recursos económicos para la gestión ambiental se redujeron sustancialmente, como el investigador Guillermo Rudas lo ha ilustrado en un exhaustivo y documentado estudio; y la política para consolidar los resguardos indígenas y las propiedades colectivas de las comunidades negras brilló por su ausencia ( punto este en el cual el gobierno Uribe no fue muy diferente a los dos anteriores).

En general, el gobierno le otorgó poca prioridad a la protección ambiental, montado, quizá, en la errónea visión según la cual ésta es un obstáculo para el crecimiento económico. Y ello se acabó expresando, por ejemplo, en el irresponsable otorgamiento de títulos mineros a lo largo y ancho del país, incluyendo páramos y parques nacionales, o en la falta de control sobre grandes operaciones productivas. Así pues, el incremento de la deforestación y del daño ambiental en la última década es, en mucho, un resultado trágico de esta visión que conllevó, también, el debilitamiento de las instituciones y la política ambiental.

En este balance de sombras no podrían faltar algunas luces, como el incremento presupuestal para los Parques Nacionales y la creación de nuevas áreas protegidas, la excelente ley del sancionatorio ambiental, y la política para la disposición de desechos electrónicos, entre otras.

Pero en últimas, es el Presidente Juan Manuel Santos quien ha proferido el más severo juicio sobre el balance ambiental de los últimos ocho años, al anunciar la recreación del Ministerio del Ambiente, y al reiterar, una y otra vez, que el país requiere corregir su ruta en materia de protección de la biodiversidad y del agua, así como desarrollar una nueva política para la defensa de los derechos culturales y territoriales de las minorías étnicas, que se encuentran altamente amenazados. Amanecerá y veremos.

Manuel Rodríguez Becerra
Publicado en: Revista Poder, 29 de enero de 2011

 

 

Derechos Reservados de Autor. Manuel Rodríguez Becerra. Bogotá, Colombia.
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