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La nueva unidad de parques nacionales tiene una tarea de dimensiones formidables

 

El exministro Rodríguez relata la génesis de una entidad aún débil. La necesidad de revisar nuestra legislación sobre parques. Manos a la obra.

Nuestro sistema de parques nacionales naturales de Colombia, sin duda uno de los más valiosos patrimonios de la nación, viene desde años atrás en creciente deterioro. Por eso la ley 99 de 1993 colocó en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente la responsabilidad directa de su manejo, otorgándole instrumentos y medios para detener tan alarmante proceso.

El sistema cuenta en la actualidad con 43 áreas adscritas que ocupan una extensión de más de nueve millones de hectáreas, es decir un poco más del 8% del territorio nacional, distribuidas en cuatro categorías: 33 parques nacionales naturales, siete santuarios de fauna y flora, dos reservas nacionales naturales y un área natural única.

Los parques naturales tienen una importancia crítica para el futuro de Colombia: constituyen la principal estrategia de conservación de la biodiversidad, entendida ésta como la diversidad de especies animales y vegetales, de ecosistemas y genética; son el origen de buena parte de los recursos hídricos del país y, por consiguiente, fuente fundamental del agua requerida para la generación eléctrica, el consumo humano, las faenas agropecuarias y la actividad industrial; y guardan lugares arqueológicos de singular importancia, valores paisajísticos únicos y posibilidades de re-creación, que apenas los colombianos comienzan a disfrutar. Así que Colombia debería prestar una gran atención al manejo de sus parques nacionales naturales. Más si se tiene en cuenta que nuestro país es considerado corno el segundo más rico en biodiversidad del planeta después del Brasil, hecho éste que, tomado por sí solo, bastaría para justificar que su protección estuviese entre las prioridades nacionales.

Necesario recordar aquí que la diversidad biológica del globo se está reduciendo en la actualidad a su más bajo nivel desde el fin de la era Mesozoica, hace cerca de 65 millones de años. Pero mientras esta última fue el producto de un fenómeno natural (la colisión de un asteroide) la que presenciamos es producto de la acción humana. Y en esta materia los colombianos ocupamos la nada honrosa posición de ser uno de los países del globo que con más ferocidad está exterminando tan vital recurso. Que es necesario conservar y darle buen uso por razones éticas, culturales, políticas y económicas. Al lector de ESTRATEGIA que no convenzan las primeras tres razones hay que recordarle que la diversidad biológica es una fuente potencial para el desarrollo de una inmensa riqueza material en la forma de medicamentos, alimentos y otras substancias de importancia comercial. Y al que tampoco seduzca este último predicamento hay que decirle que con la extinción de la biodiversidad se está poniendo en juego la supervivencia misma de la especie humana.

De todos estos asuntos los colombianos no parecemos habernos dado por notificados. El declive de la biodiversidad, un fenómeno ambiental irreversible, no ha sido razón de desvelo para nuestros dirigentes. Así nos lo ilustra bien la poca prioridad otorgada a las áreas protegidas, que es la estrategia fundamental para su conservación, tal como se estableció en la convención que para tal efecto se firmó en la Conferencia de Río de Janeiro. Basta con mirar el presupuesto franciscano con que el Inderena contó para los parques nacionales durante sus 25 años de existencia. En 1993 apenas ascendió a los US$ 2 millones, es decir US$ 0.22 por año para administrar cada hectárea. Algunos dirán, no sin razón, que la mayor parte de los sistemas de parques nacionales del mundo se encuentran subpresupuestados. Pero en Colombia parece habérsenos ido la mano en la materia, como lo ilustra, por ejemplo, el caso de Tanzania que dedicó en el mismo año US$ 40 millones para ad ministrar una área de parques con la mitad de la extensión del área total de nuestro sistema.

Tan absurda situación se ha traducido, en balance, en un deterioro de los parques, como reflejo de la gran insuficiencia de recursos humanos e infraestructura; la muy precaria, y en no pocos casos inexistente, presencia estatal en la mayor parte de las 43 unidades del sistema; los débiles programas de control y vigilancia; la casi total incapacidad de adelantar programas conjuntamente con las comunidades que habitan en ellos o en sus alrededores, que las beneficie y contribuyan a la conservación; la imposibilidad de adquirir para el Estado los innumerables predios de propiedad privada al interior de los parques, cuyos títulos son anteriores a su declaración como áreas protegidas, un foco de muchos conflictos con sus legítimos propietarios.


Parques de sólo unas hectáreas, otros de más de un millón. Foto: El Espectador

Baja rentabilidad

Pero cómo se explica que, al mismo tiempo que el Estado ha demostrado una gran desidia por la conservación de las áreas protegidas, se hayan alinderado nueve millones de hectáreas del territorio nacional como parques? Esta es una buena ilustración de la fragmentación del poder en Colombia. De una parte, el Inderena con unas autorizaciones legales, el trabajo visionario de un puñado de técnicos, y el oportuno espaldarazo de los Presidentes de la República de turno (responsables por la firma del decreto de declaratoria de los parques), estuvo en capacidad de crear el amplio sistema con que por fortuna hoy contamos. De otra parte, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, estuvieron en capacidad de negar el presupuesto requerido para los parques que se fueron creando, por consideraciones nada claras, quizás juzgaron muy baja su «rentabilidad», o que éstos eran el producto de las excentricidades del Inderena, respaldadas por el capricho presidencial. Pero en los últimos años la actitud de aquellas dos entidades parece estar cambiando, a lo mejor como consecuencia de la constatación de su importancia, o como simple respuesta a las presiones internacionales (léase la banca multilateral) o para ponerse al día con el alto status que parece estar adquiriendo el tema de la biodiversidad. Hecho que se expresa, por ejemplo, en la gestión de créditos y donaciones internacionales para los parques, iniciados en 1990 por parte de estas dos entidades, con el concurso técnico del Inderena, la cual finalmente se ha concretado.

Es obvio que toda la patología de los parques no se podría reducir a las anteriores expresiones de la precariedad presupuestal. Algunos de los deterioros que se observan son consecuencia de los flagelos que azotan nuestras zonas rurales, en particular de la guerrilla con sus atentados a los recursos naturales y del narcotráfico con la tala inmisericorde del bosque para plantar sus cultivos de coca y amapola. Y son también consecuencia de la presión colonizadora de colombianos que van en pos de su supervivencia, como expresión de la inequidad social prevaleciente. Son todos ellos problemas cuya solución no está propiamente en manos de la autoridad ambiental. Aunque muchos colombianos con denodada ingenuidad o malicia parezcan creer lo contrario: no han sido pocas las reconvenciones recibidas, por el Inderena, y desde hace un año por el Ministerio del Medio Ambiente, por parte de periodistas, ciudadanos y entes fiscalizadores del Estado, por no impedir que en los predios de los parques se ubiquen grupos guerrilleros o se planten cultivos ilícitos!

Pero es también claro que una más decidida acción estatal puede hacer una gran diferencia, con relación al creciente deterioro de los parques. De ahí el enorme reto que tiene ante sí la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales que inicia su funcionamiento como parte del nuevo Ministerio del Medio Ambiente. En la Ley 99 de 1993 se estableció al Ministerio como el administrador del sistema de parques nacionales, para lo cual se previó la creación de la mencionada Unidad, siendo esta una de las pocas áreas de ejecución que se le dio al nuevo ministerio, cuya función fundamental se ubica en la definición de la política ambiental del país y en la expedición de normas.

Con la creación de la Unidad Especial avizoramos la posibilidad de crear un ente fuerte para la administración de los parques que tuviera jurisdicción nacional, representación legal, patrimonio propio y mayor autonomía financiera, con posibilidad de formular regímenes especiales de carrera administrativa, de personal y de contratación. Desafortunadamente, el decreto reglamentario expedido el pasado semestre no acogió estas posibilidades, colocando a la Unidad como una repartición administrativa más del Ministerio, con una jerarquía menor a la de las Direcciones, lo que sin duda está lejos de lo originalmente concebido. Pero, si bien no se ha dado el gran salto previsto en la Ley 99/93, la nueva Unidad, en buena hora bajo la dirección de Carlos Castaño quien estuviera al frente de la Dirección de Parques del Inderena por cerca de seis años, constituye un avance formidable con respecto a lo existente en este último Instituto. Basta con mencionar que su presupuesto se ha multiplicado por cinco veces (las bondades de responsabilizar al Ministro en forma directa por los Parques!), lo que permitirá resolver una parte de las carencias de personal, contar con un grupo técnico más calificado, y adelantar urgentes proyectos de inversión. Es un avance presupuestal notorio que deberá continuar en los próximos años, dados los enormes problemas que enfrenta el sistema.

La Unidad de Parques Nacionales, con mayores recursos humanos y económicos y una mayor jerarquía en el Estado, tiene ante sí una tarea de dimensiones formidables. Es urgente que se defina una estrategia que guíe su acción en los próximos años. Y esa estrategia debe partir del reconocimiento de la enorme heterogeneidad del sistema de parques nacionales.

Representan muy diversos valores ecosistémicos, y de diversidad de especies. Conforman variados valores paisajísticos. Hay áreas protegidas cuya extensión territorial llega a unas pocas hectáreas, mientras que otras sobrepasan el millón. Muchos han sido por milenios el hábitat de etnias indígenas que en su génesis con el medio natural representan una gran diversidad cultural, y que hoy poseen en su interior extensas áreas de dominio colectivo, en la modalidad de resguardos indígenas. Algunas áreas de los parques del Pacífico han sido habitadas desde hace siglos por comunidades negras, que hoy tienen derecho constitucional a su titulación colectiva. En algunos se ubican avanzadas de colonos. Hay unos pocos que son prácticamente espacios vacíos, con muy escasa presencia humana. Muchos presentan en balance un razonable estado de conservación, mientras que otros presentan daños considerables. Hay parques que son remansos de paz, mientras que en otros se asienta la guerrilla y hacen incursiones los narcotraficantes.

Como punto de partida para el diseño de la estrategia nacional de parques, es fundamental que se revisen a fondo las concepciones tradicionales que han predominado para la administración de las áreas protegidas, que en Colombia, a similitud de otras partes del mundo, se originaron en la historia y la experiencia occidental de las zonas templadas. Tal como se expresa bien en un documentado libro sobre el particular: «La creencia en la intocada e intocable vida silvestre ha sido uno de los fundamentos del movimiento de áreas protegidas. Pero esta visión de la naturaleza se basa en la ignorancia de las relaciones históricas entre la gente y sus habitáis y el papel que juega la gente en mantener la biodiversidad en los bosques y sabanas». (Elizabeth Kemf (ed.), The Law of the Mother: Protecting indigenous People in Protected Áreas, San Francisco: Sierra Club Books, 1993). Es por ello urgente que se revise también nuestra legislación sobre parques, para que prevea formas imaginativas de conservación de las áreas protegidas con la indispensable participación de las comunidades que las habitan, y sus vecinos, y se dé salida a los muchos conflictos originados en las restrictivas normas, que con frecuencia contribuyen al deterioro de lo que se supone deben contribuir a conservar. Se deberán crear nuevas categorías de áreas protegidas distintas a las de parques naturales y santuarios de flora y fauna que resuelvan, además, los problemas que podrían generarse por la superposición de la figura de parques nacionales, con las de resguardos y entidades territoriales indígenas y propiedad colectiva de las comunidades negras, modalidades estas últimas surgidas con posterioridad a la legislación de parques, que data de 1977. La estrategia deberá también enfrentar asuntos tan críticos como la creación de nuevas unidades y la realinderación de algunas de las existentes, la presencia de predios privados en los parques, la investigación, la educación y el ecoturismo, para mencionar los principales. En fin, manos a la obra!

Post-scriptun

S.O.S. La estrategia nacional de parques deberá incluir también un programa acelerado de educación ambiental dirigido a los altos dirigentes de la cosa pública en Colombia. Porque estos, con contadas excepciones, no parecen haberse enterado de nuestra Constitución Política, que muchos denominan como Constitución Verde, ni de la Ley 99 de 1993 mediante la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente. Más preocupante: tampoco parecen haberse leído el capítulo 7 de «El Salto Social», que algunos de ellos aprobaron, titulado «El Desarrollo Sostenible».

Para la muestra dos botones: el Ministro del Transporte insiste en cruzar el Parque Katíos, declarado recientemente «Patrimonio de la Humanidad», con una gran autopista, lo que significaría el principio del fin de esta área protegida. Y el reciente anuncio del Consejo de Seguridad, liderado por lo más granado del alto gobierno, de convertir nuevamente el Parque de la Gorgona en una isla prisión. La conclusión lógica de nuestra inteligencia de seguridad parece ser que los tiburones son incorruptibles. Pero se olvidan que la jauría de narcotraficantes, terroristas, locos, guerrilleros y guardianes que quieren depositar en la isla, son tan feroces que infringirán irreversibles daños a los ecosistemas, a la flora y fauna, y que además exterminarán para siempre a los tiburones, porque estos, en efecto, son incorruptibles.

Manuel Rodríguez Becerra.
Publicado en: Revista Estrategia económica y financiera. No. 206. Febrero 15 de 1995. Pág. 36-38

 

 

 

 

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