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¿Golpe de gracia al Minambiente?
 

Si el Congreso de la República aprueba, y el gobierno nacional sanciona, el proyecto de Ley en materia forestal con el articulado que hizo tránsito en la Comisión V del Senado, el cuatrenio del Presidente Samper será recordado por haber echado marcha atrás en la reorganización del sector ambiental.

Minagricultura ¿el nuevo zar de los bosques?

Hago referencia al pliego de modificaciones presentado por el actual Presidente del Congreso, Julio Guerra Tulena, el proyecto de Ley 216.94s, con el título «Por el cual se señalan los mecanismos y se dan las bases para la adopción de la Política Forestal Nacional y el Plan Sectorial de Desarrollo Forestal, se reestructura el Servicio Forestal Nacional y se dictan otras disposiciones», que fue aprobado en primer debate por la Comisión V del Senado en la pasada legislatura. En el proyecto se crea la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Política Forestal y del Plan Sectorial de Desarrollo Forestal, que para todo efecto se convierte en la primera autoridad en estas materias a nivel nacional.

Algunos quedarán tranquilos al observar que la Comisión la preside el viceministro del Medio Ambiente. Menos tranquilos al observar que los únicos tres representantes de la sociedad civil provienen de los gremios reforestadores, que revela la vocación fundamentalmente maderera que permea el proyecto. Y totalmente inquietos cuando adviertan que el brazo ejecutivo crítico de la Comisión se encuentra ubicado en el Ministerio de Agricultura. En efecto, en el pliego de modificaciones se reestructura el Servicio Forestal Nacional como un establecimiento público de carácter nacional, adscrito a este Ministerio, que tendría entre sus funciones «evaluar y presentar las propuestas de actualización de la Política Forestal Nacional y el Plan de Desarrollo que debe recomendar la Comisión al gobierno nacional; apoyar la ejecución de los programas y proyectos que conforman el Plan, y la formulación de la política forestal de las corporaciones regionales y de las entidades territoriales; y elaborar los planes indicativos para orientar las inversiones públicas y privadas en reforestación, manejo de los bosques naturales y desarrollo de la industria forestal del país».

¿Un premio a un lamentable curriculum ambiental?

¿Alguien duda, después de leer las anteriores funciones, que el Ministerio de Agricultura tendría el sartén por el mango en el campo del manejo de los bosques? El Ministerio del Medio Ambiente, y sus corporaciones, quedarían como uno de los ejecutores de las políticas, programas y planes concebidos por Minagricultura. Un asunto, por decir lo menos, paradójico si se tiene en cuenta que una de las principales motivaciones para crear el Ministerio del Medio Ambiente fue la de eliminar a Minagricultura como primera autoridad ambiental del país, ante su muy pobre desempeño.

Así se expresó en el trato del instituto de quinta categoría que le diera al Inderena, con los consabidos resultados que todos conocemos. E igualmente grave: ese Ministerio ha sido uno de los mayores responsables por la destrucción de nuestros bosques como propulsor de políticas y programas que han propiciado la apertura de la frontera agropecuaria en tierras cuya única vocación es la forestal. Pero la historia no acaba aquí: recordemos los distritos de riego mal concebidos, que han conducido a la salinización de los suelos; los subsidios a los fertilizantes y a los plaguicidas, que han generado su sobre uso, con los consecuentes resultados negativos para el medio ambiente y la salud humana; los créditos para adelantar actividades agropecuarias al interior de los parques nacionales, etc. Y sobre todo la política de reforma agraria que no ha estado en capacidad de resolver el problema de la tenencia de la tierra, que sigue siendo el mayor obstáculo para superar muchos de los problemas socio-económicos del país y el mayor detonante del grave flagelo de la deforestación. Algunos de estos hechos se explican, aunque no se justifican, en razón de que las ejecutorias de Minagricultura se ha medido tradicionalmente en el marco de los indicadores clásicos de la gestión agropecuaria, que miran los volúmenes de producción y de productividad, los precios, etc. En últimas, el manejo de lo ambiental no puede estar ubicado en un Ministerio de Agricultura puesto que este es uno de los mayores usuarios de los recursos naturales renovables para fines productivos, con lo cual se genera un conflicto obvio con las finalidades de conservación, una verdad de perogrullo reconocida a nivel internacional, que en Colombia fue probada a la saciedad en el caso del Inderena. El proyecto en cuestión es además bastante anacrónico desde el punto de vista de la concepción contemporánea del manejo del bosque natural, que exige un manejo integrado que incorpore sus diversas funciones ecológicas, energéticas, sociales y económicas. Por eso las funciones de definición de políticas y de ejecución deben estar ubicadas en una única entidad, tal como lo hizo la Ley 99/93 que las concentró en el Ministerio del Medio Ambiente y las entidades que le están directamente subordinadas, como son las corpo-raciones regionales y los institutos de investigación. Y que estableció un claro orden jerárquico para el establecimiento de políticas y normas, que comienza en el Ministerio como máxima autoridad ambiental, y continúa en las corporaciones, los departamentos y los municipios, en su orden. El proyecto en consideración del Congreso rompe esa jerarquía, atomiza la autoridad, y crea diverso tipo de duplicaciones y traslapes de fun-ciones, vicios todos que se buscaron extirpar con la Ley 99 de 1993.

¿Qué hacer?

Pues lo más sensato es darle la oportunidad a la Ley 99 de 1993, para que demuestre sus grandes virtudes con respecto a la forma como prevé el manejo de los bosques naturales. Hay que recordar que la misma Ley establece que la política de cultivos forestales con fines comerciales, de especies introducidas o autóctonas, será fijada por el Ministerio de Agricultura con base a la Política Nacional Ambiental y de Recursos Naturales Renovables que establezca el Ministerio del Medio Ambiente. Y que sea esta última entidad la responsable por la coordinación de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Forestal de que trata la Ley 37 de 1989, un producto de la iniciativa de Alegría Fonseca, que hasta el momento de la creación de Minambiente no había tenido aplicación. Y que al considerar los aspectos muy positivos en ella contenidos, la Ley 99 de 1993 ordenó su modificación con el fin de hacerla armónica con ésta, estableciendo que a Minambiente le corresponde estructurar, implementar y coordinar el Servicio Nacional Forestal previsto por la Ley Alegría. Siguiendo el mandato legal y los lineamientos mencionados, el gobierno anterior presentó un proyecto de Ley que ha sido modificado por la Comisión V de manera tan radical que distorsiona y empobrece la correspondiente a la creación de Minambiente, en particular, en lo concerniente a los bosques naturales.

Zapatero a tus zapatos

Se requiere que el Ministerio del Medio Ambiente acabe de montar la Dirección General Forestal y de Vida Silvestre que ha iniciado actividades con muy buenos augurios. Y que tiene ante sí enormes retos, en la mayor parte de los cuales ha venido trabajando arduamente. Formular la política forestal nacional, con sus respectivos instrumentos para la acción, de tanta urgencia para el país. Habilitar a las corporaciones regionales para la gestión de los bosques. Ejecutar los programas para la protección de los bosques correspondientes a los créditos ya contratados con el Banco Mundial y el BID. Buscar que los multimillonarios recursos de transferencia del sector eléctrico para la protección de las cuencas hidrográficas asociadas a la producción de energía, se gasten en forma eficiente. Retomar el hilo perdido de la estrategia nacional de la biodiversidad. Participar activamente en la concreción de los resguardos indígenas y las propiedades colectivas de las comunidades negras, que habitan los bosques naturales más extensos y valiosos del país. A su vez, se requiere que Minagricultura efectúe un gran esfuerzo en hacer realidad la meta del Salto Social de plantar 165.000 hectáreas de bosques comerciales, mediante el Certificado de Incentivo Forestal. En verdad, la puesta en marcha de este instrumento, materia de una Ley aprobada hace más de un año, se ha retardado en forma inexplicable, poniendo en peligro el cumplimiento del ambicioso y urgente programa contenido en el Plan de Desarrollo. Así mismo, Minagricultura tiene la gran responsabilidad de adelantar el programa de reservas campesinas, una de las estrategias para congelar los frentes colonizadores y detener la alocada apertura de la frontera agropecuaria. Sin duda, de aprobarse la Ley en curso los programas referidos de los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente sufrirían un gran retraso, ante los traumatismos que generaría en las dos organizaciones, por la reacomodación de sus competencias, y por el tiempo que tomaría la creación del nuevo establecimiento público -el Servicio Forestal Nacional-, así como la nueva Dirección Forestal en Minagricultura, que el proyecto mencionado prevé.

¿Acaso se requieren dos nuevas burocracias? ¿Para qué desmontar y reestructurar lo que apenas se está montando? Porqué no dejar que cada Ministerio adelante las difíciles tareas que ya tienen entre manos -o ¿zapatero a tus zapatos?

¿Se dejará golear la Minambiente?

No acabo de entender porqué el senador Julio César Guerra, quien tuviera una participación tan positiva en la creación del Ministerio del Medio Ambiente, sea el ponente de un proyecto que, en su estado actual, significaría un grave golpe para su desarrollo futuro y para la salud de nuestros recursos naturales renovables. Se requiere que el gobierno de Samper actúe a través de la Ministra del Medio Ambiente; Cecilia López -quien, de dejarse meter semejante gol, legaría como su principal ejecutoria una entidad cercenada de una de sus competencias fundamentales-, y del Ministro de Hacienda, Guillermo Perry -a quien corresponde dar, o no, la viabilidad económica, para la creación del nuevo establecimiento público. Porque no hay que olvidar que en la expedición de una nueva Ley tienen tanta responsabilidad el legislativo, como el ejecutivo. Finalmente, es fundamental que las organizaciones ambientales no gubernamentales, y otros sectores de la sociedad civil, como las minorías étnicas, en cuyos territorios se ubican los bosques naturales más valiosos del país, también participen en su debate, ya que hasta la fecha han brillado por su ausencia.

Manuel Rodríguez Becerra.
Publicado en: Revista Estrategia económica y financiera. No. 217. Agosto 15 de 1995. Págs. 44-45

 

 

 

 

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Ultima actualización agosto 2017
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