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Dadima, dama y dagma

 

Dama, dadima y dagma: no son los balbuceos de un gagotartamudo, sino las siglas otorgadas por la febril imaginación nativa, a los tres entes que se responsabilizarán por la gestión ambiental de Bogotá, Barranquilla y Cali. Medellín no hace, aún, parte de este malabarismo de damas, porque no cuenta con una entidad equivalente.

Uno de los principales retos enfrentados por los alcaldes, que están estrenando las cuatro principales ciudades, se concreta en el montaje de las entidades que de acuerdo con la Ley 99 de 1993, de creación del Ministerio del Medio Ambiente, deben crearse para asumir las funciones que se les asigna. Miremos qué dice la Ley 99 sobre las graves responsabilidades que, en materia ambiental, se les otorga a las administraciones de nuestras grandes ciudades.

«Los municipios, distritos o áreas metropolitanas, cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de los daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación».

En otras palabras, las entidades mencionadas, más la que debe establecerse en Medellín, tendrán la mayor responsabilidad por el grado del éxito que se alcance en la necesaria lucha contra los graves y crecientes problemas ambientales enfrentados por nuestros principales centros urbanos, que dan cuenta de cerca del 70% de la contaminación del país producida por el sector industrial y por las fuentes móviles (léase transporte vehicular). No es éste el lugar para reiterar el diagnóstico, tantas veces hecho, sobre los desastres ambientales que les acechan: sus habitantes los conocemos y los padecemos día a día. No obstante que la responsabilidad por la suerte de las nuevas entidades se centra en las administraciones locales, como reflejo del proceso de descentralización en que el país se haya empeñado, el Ministerio del Ambiente debe brindar un decidido apoyo para su establecimiento, tal como lo entendió en sus primeros meses de vida, cuando se iniciaron las negociaciones con el Banco Mundial tendientes a obtener créditos y asistencia técnica. Porque para adelantar en forma razonable esta tarea se requiere conocer tanto los logros como los fracasos registrados por las ciudades del mundo que más han lidiado con situaciones similares a las nuestras. Es peligroso improvisar y tratar de inventar lo ya inventado. Más aún, cuando en Colombia registramos un enorme atraso en la gestión ambiental urbana y una capacidad técnica muy precaria, como reflejo de que, por años3 las autoridades ambientales hubiesen puesto su asiento en las zonas rurales. Es necesario no sólo conocer lo ocurrido en ciudades como Los Ángeles, con sus astronómicos presupuestos ambientales, sino también en las ciudades que más se aproximan a nuestra realidad, como son, por ejemplo, ciudad de México, Santiago de Chile y Curitiba, esta última un aleccionador caso de gestión ambiental, y en general, de desarrollo urbano.


Estamos aún a tiempo

De la capacidad que tengan estas entidades para resolver los problemas ambientales, un proceso gradual y de largo plazo, va a depender en buena medida la calidad de vida de un buen número de los colombianos de hoy y del futuro. Y cuando apenas comienzan a darse los primeros pasos para su establecimiento, contamos con la oportunidad única de intentar construir unas entidades fuertes: por su eficacia, eficiencia, alta capacidad técnica, transparencia, vocación de servicio al ciudadano, y una orientación moderna hacia la gestión ambiental. Que favorezcan la conciliación del desarrollo económico y social con la conservación y buen uso de los recursos naturales y el medio ambiente, frente a la visión según la cual el desarrollo siempre atenta contra la salud de la naturaleza; que privilegien la búsqueda de la colaboración, la concertación y el trabajo conjunto con los diversos sectores productivos y de servicios, públicos y privados, para alcanzar las metas ambientales que se propongan, en contraste con el énfasis en funciones puramente coercitivas; que propendan por la concepción y diseño de las reglamentaciones y normas necesarias, sin caer en excesos regulativos y reglamentarios; y que propicien la participación de la sociedad civil en las decisiones que afecten el ambiente, en contraste con la concepción vertical, autoritaria y alejada del ciudadano.

Algunos contradictores calificarán la anterior formulación del deber ser de los nuevos entes ambientales de las grandes ciudades también válida para el montaje mismo del Ministerio del Ambiente, y las 34 corporaciones regionales que, en la actualidad, se están estableciendo o reformando, como un arranque de ingenuidad, puesto que parecemos ya resignados a identificar las organizaciones públicas con la mediocridad, el clientelismo y la corrupción. Y si en esta vena, decidimos, de una vez, que no es posible crear unas organizaciones decentes para la gestión ambiental que, en algún grado, se acerquen a las anteriores concepciones, tendríamos que afirmar que la causa del interés público está pérdida. Pero hay que recordar que existen algunas condiciones que permitirían ir en esa dirección. La Ley 99 del 93 dio a las cuatro grandes ciudades rentas propias para la gestión ambiental, representadas en el porcentaje del impuesto a la propiedad inmueble y otros conceptos, que constituyen una buena base para iniciar actividades; el gobierno del Presidente Samper le ha otorgado una alta prioridad al denominado programa de las «ciudades más limpias», y, lo más importante, la ciudadanía, que cuenta con derechos constitucionales y los correspondientes mecanismos para participar en las decisiones que afecten el ambiente, se podría tornar en un gran soporte del alcalde que se mueva en la vía de la creación de una entidad ambiental ejemplar.

Sin embargo, temo que, de pronto, mis contradictores lleguen a tener la razón. En Bogotá, Cali y Barranquilla se están constituyendo las entidades ambientales como departamentos administrativos que de por sí presentan restricciones para su adecuado desarrollo, no importa cuán acertadamente, o no, estén formulados los actos administrativos o acuerdos para su creación (Barranquilla y Cali) o restructuración (el dama de Bogotá, que era una pequeña entidad sin funciones administrativas y de control sobre el medio ambiente). Quizá las mayores restricciones sean su poca autonomía frente al poder de los alcaldes, que les resta capacidad de control sobre las administraciones municipales, unos de los mayores depredadores del país; y los bajos niveles salariales previstos para los departamentos administrativos, lo que significa en la práctica, que no estarían en capacidad de vincular personal con el alto nivel técnico exigido, para manejar los complejos problemas de estos centros, como son la contaminación industrial o la disposición de desechos tóxicos y peligrosos. Si no se puede contratar el personal con las condiciones mínimas para ejercer las funciones previstas por la ley, lo dicho sobre la oportunidad de construir organizaciones fuertes es una verdadera quimera. Y ya el país experimentó en el Inderena lo que significa contar con una organización débil para la gestión ambiental. ¿Para qué repetir la película en las grandes ciudades?

Por fortuna los alcaldes apenas acaban de llegar y están en posibilidad de enterarse de las situaciones creadas y corregirlas, ya que no son hechos del todo consumados y los heredaron de los burgomaestres que los precedieron. Por fortuna Medellín aún se lo está pensando y el alcalde Mockus ha señalado que lo ambiental es su segunda prioridad. Y por fortuna el Ministerio del Medio Ambiente tiene mucho qué decir y hacer sobre la materia. Estamos aún a tiempo.

Manuel Rodríguez Becerra.
Publicado en: Revista Estrategia económica y financiera. No. 208. Marzo 31 de 1995. Pág. 32-33

 

 

 

 

Derechos Reservados de Autor. Manuel Rodríguez Becerra. Bogotá, Colombia.
Ultima actualización agosto 2017
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